Derechos humanos, asunto no grato en México
La política de derechos humanos del Gobierno mexicano está en duda. El representante de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH) en México, el italiano Amérigo Incalcaterra, deja abruptamente el cargo por presiones de las autoridades del país americano. En sus poco más de dos años en tierras mexicanas, el funcionario de la ONU ha denunciado con firmeza las violaciones de derechos humanos, amparadas en muchos casos en la impunidad. Su actitud crítica incomodó a las autoridades hasta llegar a una situación insostenible. La noticia, no anunciada públicamente, pero sí comunicada al interesado por sus jefes en Ginebra, ha provocado inquietud en organizaciones de la sociedad civil y en medios diplomáticos. Alejandro Negrín, director general de Derechos Humanos de la Secretaría (Ministerio) de Relaciones Exteriores, ha confirmado a EL PAÍS que la alta comisionada de Naciones Unidas, Louise Arbour, comunicó recientemente el relevo de su jefe de misión en México al embajador mexicano ante la ONU, Luis Alfonso de Alba. Negrín se limitó a señalar que fue una decisión que “tomó libremente la alta comisionada. Ella designa a sus representantes”. Desde su llegada al Distrito Federal, a finales de 2005, procedente de Colombia, Incalcaterra dejó claro que no es un funcionario internacional que se limita a ver, oír y callar. La Secretaría de Exteriores le llamó a capítulo por un artículo publicado en el diario El Universal el 3 de agosto de 2006, sobre la controvertida elección presidencial, que ganó por estrecho margen el conservador Felipe Calderón sobre Andrés Manuel López Obrador, de izquierda. El aviso fue contundente: por mucho menos, aplicarían el artículo 33 de la Constitución, señala EL PAÍS. Dicho texto señala que “los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”.
